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HISTORIA DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Antecedentes

EL servicio militar como prestación obligatoria tocó a su fin con el sorteo del pasado noviembre de 2000, mes en el que se cumplieron 230 años del establecimiento de dicha obligación en su fórmula original, y que tuvo lugar el 13 de noviembre de 1770, durante el reinando Carlos III, con la promulgación de la Real Ordenanza de Reemplazo Anual del Ejército con el Servicio Obligatorio.

Durante mucho tiempo existió una diferencia entre la obligación militar --sentida y aceptada desde los tiempos más antiguos-- y quienes realmente formaban parte de los ejércitos combatientes. En la Edad Media, las huestes estaban formadas básicamente por mesnadas de vasallos reales, milicias concejiles, órdenes militares y guerreros que luchaban por una soldada con una relación de vasallaje. Guerreaban con la obligación de vínculos distintos --vasallaje, fueros municipales, religiosos o lazos de vasallaje temporales--, pero se aceptaba la existencia de un deber general de hacer la guerra, exigido o no por los reyes.

Al comienzo de la Edad Moderna, el concepto de ese deber condujo a la idea del armamento general de los hombres, es decir, a una milicia global. La evolución de la forma de guerrear, sin embargo, requería una especialización que aconsejaba la contratación temporal de soldados de oficio (naturales o extranjeros), pero evitaba el mantenimiento permanente de tropas constituidas por hombres especializados en la guerra. Mientras los ejércitos fueron relativamente pequeños, las campañas de corta duración y la guerra un oficio rentable, no faltaron ni hombres ni recursos.

En el siglo XVII las contiendas armadas aumentaron en intensidad y duración, y los ejércitos en efectivos. La Guerra de los Treinta Años (1618-1648) fue el último gran conflicto de mercenarios y soldados de oficio nacionales. En Prusia y Francia --en especial en la última-- surgió un nuevo modelo de ejército nacional; numeroso, con soldados profesionales voluntarios o forzosos, integrado en cuadros de mando y tropas permanentes, controlado por la burocracia del Estado y sujeto a reglas de comportamiento fijas.
Siglos XVIII y XIX

El modelo de ejército nacional fue introducido en España, por Felipe V a principios del siglo XVIII. Surgió así un ejército permanente, de soldados profesionales contratados por el sistema de recluta voluntaria y que podía ser reforzado en caso necesario por levas o quintas de reclutamiento forzoso, bien para completar los efectivos de paz, bien para elevar su número en caso de guerra. Los sistemas de reclutamiento empleados eran cuatro: la recluta de voluntarios, la leva o quinta --vocablo éste con origen en la costumbre de elegir a un hombre de cada cinco--, la leva forzosa --constituida por recogidas de "vagamundos" y gente sin oficio-- y la leva voluntaria, es decir, cuerpos o regimientos de voluntarios. El servicio militar era de larga duración (ocho años), por lo que los soldados procedentes de las quintas se convertían de hecho en soldados profesionales.

A partir de mediados del XVIII, sin embargo, se hizo patente que la recluta voluntaria disminuía de forma preocupante y no era capaz de cubrir las bajas producidas en los regimientos al licenciarse los que cumplían su empeño. Además de estimular la recluta voluntaria con diversas medidas, en 1770 se procedió a la única solución posible. Fue entonces cuando se publicó la citada Real Ordenanza de Reemplazo Anual del Ejército con el Servicio Obligatorio, que establecía una quinta anual pero sólo del número de hombres que necesitasen los regimientos para mantener sus efectivos y que no se hubieran cubierto con la recluta voluntaria.

El sistema para llevarlo a cabo era semejante al empleado en las quintas eventuales. El número asignado a cada población era escogido por sorteo entre los alistados solteros con edades de comprendidas entre los 17 y 36 años --a diferencia de los voluntarios, que lo eran entre los 18 y los 40-- que reuniesen los requisitos exigidos de talla y robustez para el servicio, no se admitían vagabundos ni desertores. Estaban exentos del sorteo también quienes se excluían por razones de familia o de profesión. El servicio en filas era de ocho años y no se permitía la sustitución del elegido ni la exención por pago.

Las causas de exención se incrementaron posteriormente con nuevas resoluciones en 1771, 1772, 1779 y 1783. Con ellas se continuaba la política iniciada por Carlos III de librar del servicio militar a quienes ejercían determinadas actividades y oficios. Sin embargo, aún hubo sendas quintas extraordinarias en 1783 y en 1795. La primera fue de 16.000 hombres y la segunda, con motivo de la guerra con la Francia republicana, sustituyó la quinta anual por la llamada de un hombre cada cincuenta vecinos.

En 1800 se procedió a publicar una nueva ordenanza de reemplazo, cuyo objeto era, en lo primordial, disminuir el excesivo número de exenciones. También prohibía la sustitución, es decir, la presentación de otro hombre en lugar del sorteado, por lo poco --decía la ordenanza-- que se puede esperar de quien se vende por otro. La proscripción había existido siempre a lo largo del siglo XVIII, pero sólo como una norma general cuyo incumplimiento se había tolerado.

La Guerra de la Independencia (1808-1814) supuso la participación masiva de los españoles en la lucha contra el invasor, bien en los restos del primitivo Ejército de los Borbones, bien como voluntarios, como reclutados en diversas levas o, finalmente, al ingresar en las partidas de la guerrilla. Esto fue así hasta el punto de que puede decirse que casi la totalidad de los hombres útiles entre los 16 y los 40 años tomaron las armas en el transcurso de los seis años que duró la lucha.

Entre tanto, las Cortes de Cádiz intentaron crear un modelo de ejército nacional acorde con las ideas de una nueva época. Sin embargo, permitieron la exención por donativo, que, con posterioridad, se llamó redención en metálico. La justificación que se dio a esta medida fue puramente económica y por la necesidad de atender al vestuario y sustento de los ejércitos. Los exentos, que debían abonar la cantidad de 15.000 reales, no tenían por qué ser sustituidos, su número no debería superar el de treinta hombres cada mil y la exención era sólo por tres años.

Tras la lucha contra Napoleón, bajo el reinado de Fernando VII y después de revocar éste todo lo legislado por las Cortes gaditanas, se publicaron en 1817 y 1819 dos adiciones a la ordenanza de 1800, que no hicieron otra cosa que prolongar el sistema implantado en 1770. Se desaprovecharon, así, las enseñanzas de las guerras napoleónicas, en las que el entusiasmo y el patriotismo habían sido el motor de los nuevos ejércitos nacionales y el súbdito se había convertido en un ciudadano que veía el deber militar hacia la nación también como un derecho.

Durante el Trienio Liberal (1820-1823) se intentó recuperar el modelo de ejército nacional de las Cortes de Cádiz, pero en lo referente al reclutamiento se mantuvo el sistema vigente. En 1821, se redujo el servicio militar a seis años, se admitió la fórmula de la sustitución y se suprimió la redención en metálico, privilegio del que disfrutaban la nobleza y algunas profesiones con fuero especial. Dos años después, una nueva ordenanza para el reemplazo estableció la edad de 18 a 25 años para el alistamiento y mantuvo la vía de la sustitución.

Terminado este período, el servicio militar fue regulado por tres leyes sucesivamente publicadas en 1837, 1856 y 1862. Estas normas confirmaron la sustitución, permitieron la redención en metálico y especificaron, con detalle y en varios reglamentos, las exclusiones del servicio por causas físicas. Además, a partir de 1856 se empezó a limitar la edad de incorporación al servicio en filas. Primero, fue a los hombres de entre 20 y 22 años y, después, sólo a los de una edad concreta. Por ejemplo, a los varones de 20 años hasta 1885, año en que se rebajó a los 19; de nuevo fue a los de 20 en 1899 y a los de 21 en 1904. Otra vez fue a los de 20 en 1968 y a los hombres de 19 en el año 1984. Pero tales leyes sólo sirvieron para retrasar la solución al problema de sustituir de forma definitiva un modelo de ejército caduco, basado en una tropa profesional --voluntaria o forzosa-- y con un servicio de larga duración.

La solución no era otra que la que ya se imponía en Europa y que exigía reducir la permanencia en filas, suprimir los excedentes de cupo y convertir el ejército en un centro de instrucción militar y de formación de reservistas movilizables en un futuro. Es decir, la nación en armas. Se evitaría, así, la injusticia no sólo de la sustitución y de la redención en metálico, sino también la de dejar la obligación del servicio en filas al sorteo en el que se veían favorecidos por la suerte los excedentes de cupo.

Fue en 1867 cuando por primera vez se introdujo de forma tímida este nuevo sistema. Se redujo el servicio a cuatro años y se crearon dos situaciones de reserva; la primera, con los excedentes de cupo durante cuatro años, y la segunda, con todo el contingente durante otros cuatro años. Excepto en la disminución del servicio activo, la medida no aportaba mejoras, pues los excedentes de cupo quedaban sin formación militar y ello anulaba, en gran parte, la idea de contar con una reserva. Además, se mantenían las fórmulas de la sustitución y de la redención en metálico.

Durante el llamado Sexenio Democrático (1868-1874) se quiso responder al clamor contra las quintas --convertido en bandera política--. Así, se abolió el reclutamiento obligatorio y se constituyó el ejército sólo con voluntarios. El primer intento tuvo lugar en 1870. Se dispuso por ley que el ejército permanente se compondría de voluntarios y se mantuvo la obligatoriedad del servicio militar con el fin de poder acudir a los así obligados para cubrir las bajas que no llegaran a ser ocupadas con voluntarios.

El servicio en filas se estableció en cuatro años para voluntarios y reclutados, que al licenciarse constituirían la primera reserva durante dos años más. Los no llamados a filas integrarían, también, una hipotética reserva de seis años. Por tanto, aunque en teoría se suprimían las quintas, esto sólo era cierto si el ejército permanente se cubría con un número suficiente de voluntarios. Por supuesto, no se admitían ni la sustitución ni la redención en metálico.

Los hechos demostraron lo acertado de no prescindir totalmente del servicio obligatorio. Si se tienen en cuenta las tres guerras en curso --carlista, de Cuba y cantonal-, no puede sorprender que se llamasen a filas a 40.000 hombres en 1870, a 35.000 en 1871 y a otros 40.000 en el año 1872.

Proclamada la I República en 1873, se hizo un segundo intento en la misma dirección, más radical e igualmente infructuoso. Se abolían las quintas, el ejército permanente sería sólo de voluntarios y habría una reserva con todos los mozos sorteables. Pero las tres guerras continuaban su curso y hubo que recurrir casi inmediatamente a una quinta de 80.000 hombres.

Tras la Restauración de 1875 se promulgaron sucesivamente hasta cuatro leyes de reclutamiento y reemplazo del ejército --en 1878, 1882, 1885 y 1896-- con un denominador común: desarrollar el principio de formación de reservistas esbozado en 1867, pero conservando los excedentes de cupo y las fórmulas de sustitución y de redención en metálico. El tiempo de servicio --cuatro años en filas y otros tantos en primera reserva o reserva activa-- se redujo a tres en cada una de estas situaciones a partir de 1882. Los excedentes de cupo, llamados también reclutas disponibles, formaron una segunda reserva durante ocho o seis años respectivamente.

La sustitución se restringió poco a poco con el tiempo. En 1878 sólo se permitió a parientes hasta de cuarto grado y, a partir de 1882, únicamente entre hermanos. Para los destinados en ultramar esta limitación no se aplicaba. Mientras la sustitución no fue restringida a los lazos familiares, fue práctica usual el obtener el concurso de un sustituto mediante el abono de una cantidad de dinero. Que la sustitución --como la redención-- fuese un medio de librarse de los riesgos de la guerra no puede imputarse a un solo país. En los Estados Unidos, por citar un caso, en plena Guerra de Secesión (1861-1865), el precio del sustituto en la Unión era de 1.500 dólares y en los confederados, de 600 dólares.

La redención en metálico por el pago de 2.000 pesetas fue reducida a 1.500 a partir de 1882, pero sólo para los destinados en la península. El número de redimidos se mantuvo en tiempos de paz siempre en unos niveles aceptables, pues el redimido sólo acudía a este recurso después del sorteo y cuando estaba incluido en el cupo del servicio en filas. Pero en el período 1895-1898, con motivo de la Guerra de Cuba, cuando se movilizaron reemplazos ya licenciados y se llamaron a excedentes de cupo, el número de redenciones en metálico se incrementó rápidamente. Así, por ejemplo, si los redimidos en los años anteriores al conflicto había sido de 4.881 en 1891, 4.650 en 1892, 5.267 en 1893 y, en 1894, subió a 9.557 con motivo de la campaña de Melilla. En 1895 se elevó a 17.890 para aumentar en los años siguientes a 21.374 en 1896, 17.800 en 1897 y 23.284 en 1898. Al año siguiente (1899), disminuyó a 8.173.

Otro factor es el aspecto económico de la redención en metálico. En 1886 se suprimió el Consejo de Redenciones y sus fondos pasaron a Hacienda. Hasta entonces, el Consejo había empleado parte de esos ingresos en cubrir los gastos provocados por los enganches y reenganches y cierto número de atenciones militares. Así, ese año entregó a Hacienda aproximadamente 80 millones de pesetas. A esta cantidad hay que añadir los ingresos por el mismo concepto en años sucesivos y que, por ejemplo, en 1899 sumarían --con el cálculo, por lo bajo, de 1.500 pesetas por cada redención-- más de 400 millones de pesetas de la época.

En 1891, el ministro de la Guerra había presentado a las Cortes un proyecto de ley con la supresión de la redención y la sustitución, considerados injustos no sólo por la opinión pública sino también por el propio Ejército desde mucho tiempo atrás. Pero no fue hasta 1912 en que una nueva ley de reclutamiento hizo desaparecer estos privilegios.
Siglos XX

La ley de 1912 estableció la duración del servicio en filas en tres años, otros cinco de servicio activo fuera de filas, seis años en la reserva y cuatro en la llamada reserva territorial. El excedente de cupo pasó a llamarse cupo de instrucción y, en teoría, debía recibir una instrucción elemental. Desaparecieron la sustitución y la redención en metálico pero se creó la figura del soldado de cuota, así llamado por obtener una reducción del servicio en filas a ocho y cinco meses, mediante el pago de una cuota de 1.000 y 2.000 pesetas, respectivamente. Debía, además, recibir una preparación premilitar y demostrar recursos para sustentarse y alojarse fuera del cuartel.

Esta ley fue reemplazada en 1924 por un decreto-ley que rebajaba el servicio en filas a dos años, seguido de otros cuatro en servicio activo fuera de ellas, más dos situaciones de reserva sucesivas de seis años cada una, con lo que la disponibilidad militar se prolongaba durante 18 años. Se mantuvo el soldado de cuota, pero la cantidad a pagar pasó a llamarse cédula y su importe estaba sujeto a dos escalas: una, en razón de las rentas del interesado o de sus ascendientes, y la otra, de su sueldo, si percibía alguno. Se suprimió el cupo de instrucción y esto creó graves problemas ya que, por razones presupuestarias, no podían instruirse los contingentes completos. Hubo, por consiguiente, que recurrir a la reducción del servicio en filas a la mitad de lo prescrito. Además, a las unidades se incorporó un número excesivo de hombres por lo que se hizo necesario licenciar a otros. Se dio el caso de soldados que obtuvieron la licencia a los dos o tres meses de su incorporación.

Para solucionar tales problemas se promulgó un decreto en agosto de 1930. Ya para entonces otras naciones europeas habían reducido el servicio militar en filas a un año y adoptado nuevos métodos de instrucción con el fin de intensificar la formación militar de los reclutas. De acuerdo con esta orientación, el decreto limitaba el tiempo en filas a doce meses seguidos de cinco años de servicio activo fuera de filas y una reserva de doce años.

También se conservaba la reducción de la permanencia en filas para los soldados de cuota --cuyo nombre se recuperaba para la cantidad a abonar--, que cumplían ahora seis meses, con la novedad de limitar su número en las unidades a un porcentaje determinado y exigir ciertas titulaciones para algunos destinos. Sin embargo, reaparecía el cupo de instrucción, --es decir, los excedentes de cupo-- que debía recibir, en teoría, una instrucción mínima elemental.

Habría que esperar a la Ley de Reclutamiento de 1940 para que el servicio militar supusiese la incorporación de la totalidad del contingente. Según lo preceptuado en esta norma, el servicio en filas sería de dos años, más otros veintidós en situación de reserva.

La ley de 1968, que la reemplazaría después, estableció el servicio en filas en un plazo variable entre los quince y los veinticuatro meses, de manera que el tiempo restante --en su caso-- para completar los dos años sin estar en filas, se consideraría como de servicio eventual. La situación de reserva se reducía de 22 a 16 años y se contemplaba la incorporación de los excedentes del contingente anual --es decir, los no llamados al servicio activo-- para recibir la instrucción básica durante un corto período de tiempo. Una nueva ley, en 1984, redujo la duración del servicio en filas a doce meses y la situación de reserva, a catorce años. Por último, la ley de 1991 fijó el tiempo del servicio militar en nueve meses y la situación de reserva a sólo tres años.
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--EL EJÉRCITO ESPAÑOL RENOVARÁ SUS TODOTERRENOS.--

El Ministerio de Defensa español prevé invertir 3,5 millones de euros en la renovación de 150 vehículos del parque móvil del Ejércitos, adjudicación que tendrá lugar a lo largo de 2004. Santana Motor, Land Rover y Urovesa aspiran al contrato, una vez que han superado la primera fase para la homologación militar de su vehículo. El fabricante seleccionado deberá entregar las unidades seis meses después.